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Mauricio Macri suele lamentar la incomprensión de lo que denomina el "círculo rojo", y los sociólogos llaman elite: políticos, empresarios, sindicalistas o periodistas que evalúan las decisiones oficiales intoxicados por el exceso de información. Pasan los meses y va apareciendo con claridad otro grupo del que tal vez debería cuidarse más. Personas instaladas en las entrañas del poder, que utilizan fondos e instrumentos asignados por el Estado para perseguir o extorsionar, fuera de cualquier marco legal. Es un elenco que existe en todas las administraciones. El célebre Norberto Bobbio lo llamó sottogoverno. El problema de Macri es que ese pestilente "círculo negro", que se extiende bajo sus pies, ha comenzado a descomponerse y está fuera de control.
Parece imposible que Elisa Carrió y Cristina Kirchner coincidan en algo. Sin embargo, ambas denunciaron que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se realizan operaciones clandestinas. La misma naturaleza del delito hace que sea difícil de probar. Sin embargo, desde hace cuatro meses, LA NACION viene accediendo a datos que vuelven muy creíbles las manifestaciones de esas dos rivales. Se trata de documentos que, por sus características, y por la altísima confiabilidad de quienes los proporcionan, corroborarían la existencia de una unidad de inteligencia ilegal en esa repartición. La información podría ser avalada por testigos ante un requerimiento judicial.
Los blancos de esas tareas de espionaje son, según esas fuentes, muy variados. Un agente cuyo nombre comienza con G tiene en la mira a Lionel Messi. Sería para indagar en una sociedad que apareció en los Panamá Papers. Messi es un objetivo inesperado. Hasta que se recuerda que al frente de la AFI está el broker de futbolistas Gustavo Arribas. ¿Será también por eso que el espía I investigaría a Carlos Ahumada Kurtz, quien hasta octubre conducía Estudiantes de San Luis? Alguien cuya inicial es S seguiría también a Julio Koropeski, del club Crucero del Norte.
Quizás Arribas sea inocente. La antigua SIDE recibe la influencia del presidente de Boca, Daniel Angelici, y de su vicepresidente 3º, Darío Richarte. A ellos reportan el director de Finanzas, Juan José Gallea, y el de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano, novio de Loreley Bianco, la nueva presidenta del Consejo de la Magistratura porteño. Gallea fue director de Finanzas del grupo de medios de Sergio Szpolski, bajo ambos Kirchner.
Estas conexiones quizás expliquen por qué el aparato irregular de la AFI puso la lupa sobre el empresario Matías Garfunkel. El espía a cargo es, de nuevo, I. Garfunkel denunció hace un año a Richarte y a Gallea como socios ocultos de Szpolski. Después de hacerlo, padeció hostilidades que lo obligaron a exiliarse. El mismo agente I perseguiría a Mariano Martínez Rojas, comprador de ese grupo mediático. Martínez Rojas declaró que Szpolski, Gallea y Richarte lo estafaron.
Entre los objetivos de estas persecuciones clandestinas figura el legislador porteño Gustavo Vera, crítico de Stiuso. Sus observadores son A y D. Es posible que, si escuchaban el teléfono de Vera, hayan reconocido la parsimoniosa voz del Papa. Hace un año, Vera denunció a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, por lavado de dinero. El juez Julián Ercolini ya la sobreseyó.
El detective G husmeó en terrazas de Lerma, constructora del ex juez Raúl Zaffaroni y el periodista Juan Di Natale. El agente S vigila al camarista Eduardo Freiler, a pesar de que su escandaloso enriquecimiento está reflejado en documentación pública. S no da abasto: también debe informar sobre Gustavo Cinosi, ex socio del abogado de Lázaro Báez, Jorge Chueco, y gestor en las sombras del ex amigo de Cristina Kirchner, Carlos Zannini. Los partes consignan: "Se elevó a Silvia lo que se encontró". Silvia sería Majdalani.
Majdalani niega ser la organizadora de una Inteligencia paralela, como le atribuyó Carrió. Hasta se presentó ante el juez Ariel Lijo para refutar cualquier reproche. Pero estos indicios darían la razón a Carrió. Majdalani habría encomendado estas actividades al logorreico Eduardo Miragaya, apartado de la AFI el 15 de marzo último. A Miragaya -¿el "Eduardo" mencionado en los documentos?-, le atribuyen el montaje con el cual el abogado Santiago Viola pretendió probar una reunión entre Báez, el juez Sebastián Casanello y Cristina Kirchner. Los testigos, procesados por mentir, confesaron que los instigó Viola y "un fiscal".
En un año, los principales directores dejaron la AFI. Los desbandes liberan información. Ahora se sospecha que Majdalani intervendría teléfonos desde una base de la calle Billinghurst, a cargo de Román Albornoz, un ex profesor suyo.
Hay investigaciones cuyo móvil es enigmático. G, que sigue a Messi, observa a un tal Ginebra, constructor de Puerto Madero. Los espías A y S controlan a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Mientras estudia a la financiera Brick, "que habría canalizado transferencia a Nisman", S controla la peluquería canina Koketitos, en Las Cañitas. ¿Se pueden descartar extorsiones?
Los informes detallan las maniobras. En el seguimiento de un financista llamado Castellucci, a cargo de S, se consigna: "Mail y pedirle a Diego Dalmau gente de calle para operar con la cueva. Hay que armar precausa". Dalmau es jefe de Contrainteligencia.
Las precausas son ardides para disfrazar prácticas que violan el artículo 13 de la ley de creación de la AFI. Elegido un blanco, los agentes solicitan un permiso judicial para intervenir comunicaciones durante 60 días, con opción a otros 60. Si no se encuentra delito, se destruye lo observado. El juez no va a sorteo. Lo elige el espía. El kirchnerismo, que se cebó con esta receta para vigilar opositores, ahora la padece. Oscar Parrilli denunció que le armaron una precausa para escucharlo a él y a la señora de Kirchner. La jueza María Servini de Cubría lo admitió, aclarando que ordenó destruir los registros. Sin embargo, esas conversaciones circulan por los medios sin desatar un escándalo institucional. Y algunos custodios de la República, como Juan Manuel Urtubey, las comentan como si fueran declaraciones oficiales de sus competidores del PJ. Cristina Kirchner estudia pedir el juicio político de Ricardo Lorenzetti. Sería otra convergencia con Carrió. La Corte es la responsable de las observaciones judiciales. Pero el culpable de no haberlas destruido sería Miragaya, que estuvo a cargo del archivo de la AFI.
Frente a estos descalabros, la indiferencia de la comisión legislativa que, a cargo del radical Juan Carlos Marino, debería vigilar a los organismos de inteligencia, es asombrosa. La falta de tutela democrática sobre el espionaje, muy antigua, fue llevada por el kirchnerismo a extremos desconocidos. Macri, que fue víctima de ese método, al presentar su gabinete, el 2 de diciembre de 2015, prometió: la AFI "estará al servicio de la seguridad nacional, y no como en los últimos años, que se usó para hostigar y espiar a los ciudadanos". Todavía no cumplió. A pesar de que Jaime Durán Barba, el inventor del "círculo rojo", aconsejó eliminar el "círculo negro", Cambiemos sigue expresando una brutal continuidad.
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