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La emperatriz Mariú o la destrucción de las autonomías municipales


Envalentonada por la victoria electoral la gobernadora Vidal plantea una serie de iniciativas que avanzan en detrimento de las autonomías municipales, agregando discrecionalidad, para que los municipios amigos de la Gobernadora puedan contar con recursos y quienes no se visten de amarillo tengan que gestionar con un corset.

La Gobernadora asumió en 2015, con una deuda provincial que rondaba los $ 100.000 millones. Durante los años 2016 y 2017, Vidal acordó con los legisladores e intendentes un endeudamiento que se aproximaba a los $ 60.000 millones anuales, que incluía un Fondo para Obras de Infraestructura en los municipios que se distribuía con el mismo coeficiente que la coparticipación provincial.

El endeudamiento continuará al mismo ritmo, ya que la gobernadora pidió a la legislatura autorización para endeudarse por otros $ 65.000 millones, lo que hará que al fin de su tercer año de gobierno haya triplicado la deuda de los bonaerenses.

Lo que no continuará es el Fondo de Infraestructura, con lo cual no habrá distribución de fondos para obras de manera equitativa. Todas las obras que se realicen en los municipios deberán ser solicitadas a la Gobernadora, que dirá si o no, según su más absoluta discrecionalidad.

La segunda novedad que la Gobernadora establece para obtener la suma del poder sobre los municipios y manejarla discrecionalmente tienen que ver con otro fondo: el Fondo Nacional Educativo. Hasta el año anterior los municipios recibían los dineros de ese fondo mediante el mismo coeficiente de distribución que el resto de la coparticipación. Ya no será así, la Provincia establecerá un nuevo coeficiente con otros indicadores.

Un ejemplo de cómo impactará esto: el Municipio de Laprida recibió en 2017 alrededor de 16 millones de pesos, como el fondo crecerá un 26 %, se esperaba para 2018 alrededor de 20 millones, pero con el nuevo coeficiente serán aproximadamente $ 15 millones. Es decir, menos que el año 2017.

Pero eso no es todo. Hasta 2017 esos dineros debían ser utilizados en cuestiones educativas del sistema formal o informal. Así los municipios podían abonar becas para estudiantes, carreras en sus distritos, jardines maternales, cursos y capacitaciones. A partir de 2018 no será así: el 85 % de lo recibido por el Fondo Educativo deberá ser destinado a obras de infraestructura escolar del sistema formal (es decir, jardines y escuelas provinciales). Pero eso no es todo. La decisión de que obras realizar en la infraestructura escolar tampoco estará en manos de los municipios: se deberá consensuar con la Provincia de Buenos Aires.

Así lo establece el art 45º del presupuesto enviado a la Legislatura que dice textualmente: “los municipios deberán destinar como mínimo el ochenta y cinco por ciento de estos recursos a la infraestructura educativa en el marco del Plan Provincial de Infraestructura Escolar del mencionado organismo, para lo cual deberán acordar con dicho organismo (se refiere a la Dirección Gral. de Educación), antes del 31 de marzo de 2018, el plan de obras a ejecutar.  La Dirección Gral. de Educación podrá suspender las transferencias de los fondos, en los supuestos de incumplimiento de las normas vigentes”.

Decir esto y decir que los municipios ya no tendrán poder de decisión sobre los dineros que reciban del Fondo Educativo es lo mismo.

De nuevo un ejemplo del Municipio en que vivo: recibirá aproximadamente 15 millones, podrá destinar a cuestiones ajenas a infraestructura escolar el 15 %, es decir $ 2 millones 250 mil. Durante 2017 este municipio entregó en becas estudiantiles $ 4 millones con dineros del Fondo Educativo, en 2018 dispondrá de $ 2.250.000, es decir algo más de la mitad de lo que entregó en 2017, pero con una inflación del 25 %, con lo cual en vez de aumentarlas el 25 % deberá reducirlas. Y todo esto sin contar que se abonaban tres carreras universitarias para cursar en el distrito, se abría un jardín maternal y muchas acciones más que no viene al caso detallar.

Resumiendo, Mariú se sigue endeudando, pero durante 2018 quitó a los municipios el Fondo de Infraestructura y birló el manejo de los Fondos del Educativo. Pero no es todo. El principal avance contra las autonomías municipales lo constituye el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que la Gobernadora impulsa.

Cuando sea ley la responsabilidad fiscal los municipios “podrán” adherirse. El podrán es irónico. Quienes no se adhieran no recibirán obras con fondos provinciales, ni recibirán Ayudas del Tesoro Provincial. Hay municipios como el mío que no recibieron ni las unas ni las otras durante estos dos años de macrismo. Supongamos que Municipios bien administrados puedan decir “gobernaré como los dos últimos años, sin obras provinciales y sin ayudas del tesoro provincial” pero… quienes no adhieran a la ley mencionada tampoco estarán autorizados a endeudarse (aunque tenga la capacidad de endeudamiento que la ley vigente establece). Es decir, los 135 municipios de la Provincia deberán adherir a la ley que busca controlar el gasto publico.

Que implica la ley, muchas cosas, pero mencionamos algunas de ellas: establecerá que el gasto público no podrá subir más que la inflación (art 4º del proyecto que modifica el art. 5º de la ley 13.295) y que no podrá aumentar el número de empleados respecto del total de habitantes (art 7º que reemplaza al art 6º de la ley 13.295), también la Provincia establece topes a las tasas municipales (art 11º que reemplaza al art 8º de la 13.295). En otras palabras pone limites (entre otras cosas) al aumento de sueldos que los municipios podrán dar a sus empleados (es decir, fijará un porcentaje la provincia y los municipios deberán atenerse a dicho porcentaje) y también el número de empleados que cada municipio podrá contratar.

Autonomía municipal cero.

La gobernadora podrá incidir hasta en detalles menores de los municipios, sin importar el intendente que hayan votado sus ciudadanos.

Uno supone que el radicalismo que siempre alardeó de su interés por la autonomía de los municipios dirá algo. Que sus diputados y senadores no votarán la ley y el presupuesto.

Entre paréntesis, el presupuesto será votado con la legislatura que dejará de funcionar el 10 de diciembre, por legisladores que están de salida de las cámaras. Seguramente porque son más fáciles para “convencer” (mmm, si digamos que es convencimiento el material que los hará votar como quiere la Gobernadora).


En 2018, si estos instrumentos se aprueban sin modificaciones María Eugenia Vidal no sólo será la Gobernadora, también será la Intendenta Municipal de todos y cada uno de los 135 municipios bonaerenses.

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