Envalentonada por la victoria electoral la gobernadora Vidal plantea
una serie de iniciativas que avanzan en
detrimento de las autonomías municipales, agregando discrecionalidad, para
que los municipios amigos de la Gobernadora puedan contar con recursos y
quienes no se visten de amarillo tengan que gestionar con un corset.

El endeudamiento continuará al mismo ritmo, ya que la gobernadora
pidió a la legislatura autorización para endeudarse por otros $ 65.000
millones, lo que hará que al fin de su
tercer año de gobierno haya triplicado la deuda de los bonaerenses.
Lo que no continuará es el
Fondo de Infraestructura, con lo cual no habrá distribución de fondos para
obras de manera equitativa. Todas las obras que se realicen en los municipios
deberán ser solicitadas a la Gobernadora, que dirá si o no, según su más
absoluta discrecionalidad.
La segunda novedad que la Gobernadora establece para obtener la suma
del poder sobre los municipios y manejarla discrecionalmente tienen que ver con otro fondo: el Fondo
Nacional Educativo. Hasta el año anterior los municipios recibían los
dineros de ese fondo mediante el mismo coeficiente de distribución que el resto
de la coparticipación. Ya no será así, la Provincia establecerá un nuevo
coeficiente con otros indicadores.
Un ejemplo de cómo impactará esto: el Municipio de Laprida recibió en
2017 alrededor de 16 millones de pesos, como el fondo crecerá un 26 %, se
esperaba para 2018 alrededor de 20 millones, pero con el nuevo coeficiente
serán aproximadamente $ 15 millones. Es decir, menos que el año 2017.
Pero eso no es todo. Hasta 2017 esos dineros debían ser utilizados en
cuestiones educativas del sistema formal o informal. Así los municipios podían
abonar becas para estudiantes, carreras en sus distritos, jardines maternales,
cursos y capacitaciones. A partir de
2018 no será así: el 85 % de lo recibido por el Fondo Educativo deberá ser
destinado a obras de infraestructura escolar del sistema formal (es decir,
jardines y escuelas provinciales). Pero eso no es todo. La decisión de que
obras realizar en la infraestructura escolar tampoco estará en manos de los
municipios: se deberá consensuar con la
Provincia de Buenos Aires.
Así lo establece el art 45º del presupuesto enviado a la Legislatura
que dice textualmente: “los municipios
deberán destinar como mínimo el ochenta y cinco por ciento de estos recursos a
la infraestructura educativa en el marco del Plan Provincial de Infraestructura
Escolar del mencionado organismo, para lo cual deberán acordar con dicho organismo
(se refiere a la Dirección Gral. de Educación), antes del 31 de marzo de 2018,
el plan de obras a ejecutar. La
Dirección Gral. de Educación podrá suspender las transferencias de los fondos,
en los supuestos de incumplimiento de las normas vigentes”.
Decir esto y decir que los municipios ya no tendrán poder de decisión
sobre los dineros que reciban del Fondo Educativo es lo mismo.
De nuevo un ejemplo del Municipio en que vivo: recibirá
aproximadamente 15 millones, podrá destinar a cuestiones ajenas a
infraestructura escolar el 15 %, es decir $ 2 millones 250 mil. Durante 2017
este municipio entregó en becas estudiantiles $ 4 millones con dineros del Fondo
Educativo, en 2018 dispondrá de $ 2.250.000, es decir algo más de la mitad de
lo que entregó en 2017, pero con una inflación del 25 %, con lo cual en vez de
aumentarlas el 25 % deberá reducirlas. Y todo esto sin contar que se abonaban
tres carreras universitarias para cursar en el distrito, se abría un jardín maternal
y muchas acciones más que no viene al caso detallar.
Resumiendo, Mariú se sigue endeudando, pero durante 2018 quitó a los
municipios el Fondo de Infraestructura y birló el manejo de los Fondos del
Educativo. Pero no es todo. El principal avance contra las autonomías
municipales lo constituye el proyecto de ley
de responsabilidad fiscal que la Gobernadora impulsa.
Cuando sea ley la responsabilidad fiscal los municipios “podrán”
adherirse. El podrán es irónico. Quienes
no se adhieran no recibirán obras con fondos provinciales, ni recibirán Ayudas
del Tesoro Provincial. Hay municipios como el mío que no recibieron ni las
unas ni las otras durante estos dos años de macrismo. Supongamos que Municipios
bien administrados puedan decir “gobernaré como los dos últimos años, sin obras
provinciales y sin ayudas del tesoro provincial” pero… quienes no adhieran a la
ley mencionada tampoco estarán autorizados a endeudarse (aunque tenga la
capacidad de endeudamiento que la ley vigente establece). Es decir, los 135
municipios de la Provincia deberán adherir a la ley que busca controlar el
gasto publico.
Que implica la ley, muchas cosas, pero mencionamos algunas de ellas: establecerá que el
gasto público no podrá subir más que la inflación (art 4º del proyecto que
modifica el art. 5º de la ley 13.295) y que no podrá aumentar el número de
empleados respecto del total de habitantes (art 7º que reemplaza al art 6º de
la ley 13.295), también la Provincia establece topes a las tasas municipales
(art 11º que reemplaza al art 8º de la 13.295). En otras palabras pone limites
(entre otras cosas) al aumento de sueldos que los municipios podrán dar a sus
empleados (es decir, fijará un porcentaje la provincia y los municipios deberán
atenerse a dicho porcentaje) y también el número de empleados que cada
municipio podrá contratar.
Autonomía municipal cero.
La gobernadora podrá incidir hasta en
detalles menores de los municipios, sin importar el intendente que hayan votado sus ciudadanos.
Uno supone que el radicalismo que siempre alardeó de su interés por la
autonomía de los municipios dirá algo. Que sus diputados y senadores no votarán
la ley y el presupuesto.
Entre paréntesis, el presupuesto será votado con la legislatura que
dejará de funcionar el 10 de diciembre, por legisladores que están de salida de
las cámaras. Seguramente porque son más fáciles para “convencer” (mmm, si
digamos que es convencimiento el material que los hará votar como quiere la
Gobernadora).
En 2018, si estos instrumentos se aprueban sin modificaciones María
Eugenia Vidal no sólo será la Gobernadora, también será la Intendenta Municipal
de todos y cada uno de los 135 municipios bonaerenses.
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