Lecturas.
Revista Anfibia y Chequeado publicaron esta nota de Mónica Yemayel donde se analiza el impacto de las tarifas eléctricas y de gas sobre el bolsillo de los argentinos, luego del último tarifazo, que incluyó una ley del Congreso para frenarlo y un veto presidencial. La nota completa, aquí:
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El último tarifazo coincidió con una corrida cambiaria que devaluó el
peso y duplicó la expectativa de inflación. Sin tarifa social, los sectores de
clase media destinan cada vez más recursos a pagar facturas de luz, gas y agua
y ya no saben por dónde más recortar el presupuesto familiar. A través de
cuatro historias, fuentes del sector estatal y privado y pedidos de información
pública Anfibia y Chequeado se unieron para contar cómo el último tarifazo
alteró vidas cotidianas y planes futuros. Además: una ilustración 360º para que
sepas cuánto consume y gasta cada artefacto de tu casa.
Carmen apoya la bandeja con pocillos de café sucios sobre la mesada de
la cocina. La empresa donde trabaja, una o dos veces por semana, ocupa tres
pisos en un rascacielos de la city porteña. La contratan cuando el único mozo
que tiene relación de dependencia no da abasto y necesita ayuda. Le pagan en
negro y por día. El uniforme de Carmen es sencillo. Pantalón y chaleco negros,
camisa y delantal blancos, el pelo recogido, zapatos de goma cómodos, bajos y
abotinados. Tiene treinta minutos para la entrevista en su tiempo de descanso.
Sobre una de las paredes cuelga una pantalla de televisión: encendida, con el
volumen bajo, sintonizada en un canal de noticias que está transmitiendo en
directo la sesión del Congreso donde los diputados debaten el proyecto de ley
para retrotraer el nivel de las tarifas de los servicios públicos al mes de
noviembre de 2017, proponer su actualización para los usuarios residenciales
según la evolución de los salarios.
Ilustración 360 realizada en base a mediciones realizadas con Wabee Home Energy en
base al consumo de una casa en municipio de San Miguel (en $). Mayo de
2018. Cliqueá sobre algún artefacto y enterate cuantos Watts consume y cuanto
pagás. Se trata de una boleta con un costo total de $1.944 mensuales si se
consideran los costos fijos, variables y los impuestos. Los datos acá.
El contexto de este aumento difiere de los anteriores. Abril y mayo
fueron meses hostiles para el bolsillo. Subieron la luz y el gas, y un cambio
de humor inesperado de los inversores –o una maniobra bien ejecutada- achicó
sensiblemente la tolerancia de “los mercados” al riesgo argentino y provocó una
corrida cambiaria y la pérdida de miles de millones de dólares de reservas del
Banco Central. La decisión del Presidente Macri de acudir al Fondo Monetario
Internacional, en un intento por recuperar la confianza de los acreedores de la
deuda pública, ha generado en buena parte de los argentinos más dudas que
certezas para el mediano y largo plazo. En cambio, para el cortísimo plazo no
hay discusión: la suba de tarifas, la devaluación y su impacto sobre el nivel
de inflación impacta de lleno en trabajadores y jubilados.
El problema de Carmen es que ya no tiene, no sabe, no imagina, por dónde
más recortar un presupuesto familiar que hasta hace un año y medio la hacía
sentir parte de una clase media que llegaba a fin de mes con margen para darse
algunos gustos. Vive en Florencio Varela con su marido, tres hijos, una
nuera y un nieto que está empezando a caminar. El marido de Carmen tiene un
empleo formal como mozo en un banco del Microcentro, gana $25 mil netos por mes
pero desde hace un año ya no le permiten hacer horas extras. Sus dos hijos más
grandes, de 20 y 23 años, tienen trabajo y se encargan de parte de las compras
del supermercado. Uno es colocador de placas de durlock; el otro es empleado en
un call center. El hijo más chico tiene 10 años. Hasta 2017 fue a un colegio
privado. Este año la cuota se duplicó y Carmen lo inscribió en una escuela
pública. En febrero dieron de baja la televisión por cable. Y cambiaron los
abonos de los celulares por el plan básico; los conservan por seguridad, porque
todos trabajan hasta tarde y viajan de noche, necesitan estar comunicados y
organizar la vida familiar: quién compra la comida, quién compra los pañales,
quién hace la cena. Hasta hace poco, una vez por mes iba al supermercado
mayorista con $3 mil y se aseguraba los alimentos básicos del mes. Ya no puede.
Esos $3 mil es lo que subieron las tarifas en un año. Ahora vive al día,
comprando menos y más caro en los mercaditos del barrio. Carmen es austera,
cuidadosa en los consumos, trabajadora y razonable. Está de acuerdo en que las
tarifas eran extremadamente bajas, pero la enoja la combinación de malas
noticias, que lleguen todas juntas y la hagan sentirse acorralada: aumenta la
luz, el gas, el agua y el transporte -el recorrido en micro desde el centro al
cruce de Florencio Varela cuesta $30; sube el precio de la comida, las
medicinas y los útiles escolares; el sueldo del marido no se actualiza en igual
proporción y le cortan las horas extras; su trabajo eventual es cada vez más
escaso, cayó un 50% desde la primavera del año pasado.
En el barrio de Carmen, la mayoría de los vecinos vive una situación
parecida. Las facturas llegan con consumos altísimos que para ellos son
inexplicables. Hacen el reclamo y esperan en vano. Al final, el temor a que les
corten el suministro y a tener que pagar la reconexión se transforma en el
incentivo para pagar en tiempo y forma, pidiendo plata prestada o pagando con
tarjeta de crédito.
El vocero de Edenor, Eduardo Mirabelli, confirmó, en la tercera semana
de mayo, que, a pesar de los aumentos, la morosidad de ambas distribuidoras de
energía eléctrica se mantiene en los niveles históricos. Este dato también fue
ratificado por voceros de Edesur. ¿Qué sucede cuando un cliente no puede pagar
e intenta establecer un diálogo con la empresa para buscar alternativas?
Distintas personas que cumplen funciones tanto en Edenor como en Edesur dejaron
trascender que cuando un cliente que no puede pagar se acerca a la empresa, se
estudia caso por caso para determinar -de acuerdo al historial del cliente y su
situación financiera actual- si es plausible un plan de financiación o si la
única salida es pagar o quedarse sin luz.
Según la información que Chequeado obtuvo de la Defensoría de la
Provincia de Buenos Aires, entre enero y abril de 2018 hubo 2.163 quejas sobre
servicios públicos, casi el doble de las recibidas en igual período de 2017 y
cerca del triple de las de 2016. Más del 50% de los reclamos apunta a las
distribuidoras de energía eléctrica y se refieren a la facturación, cortes de
suministro, mala atención o incumplimiento del contrato. En la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo dijo no tener estadísticas que
permitan analizar la evolución de los reclamos.
El malestar emergente tras los últimos aumentos de este año en la luz y
el gas fue percibido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que
habilitó, el 23 de abril, una línea para denuncias por cargos indebidos y
facturación errónea de los servicios públicos. En pocas horas llegaron al
0800-333-6384 alrededor de 4.200 denuncias. Cerca de la mitad derivaron en la
apertura de una investigación que tiene en el ojo del huracán, con más del 80%
de los reclamos, a las empresas eléctricas, según datos del Organismo de
Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), publicado
en distintos medios de prensa.
Algunas miles de denuncias en un universo de casi 5 millones de
usuarios, sólo contemplando los de Edenor y Edesur, podría parecer
estadísticamente un guarismo aceptable. Carmen no piensa igual. Hace cuatro
meses, con su marido decidieron entrar en una espiral que saben peligrosa: él
comenzó a pedir adelantos de sueldos. Y en las últimas semanas volvieron a una
práctica que Carmen se había prometido no repetir: financiar los consumos del
supermercado con tarjeta de crédito, y también algunas facturas cuando no queda
otro remedio. Ella sabe que es el comienzo de un final infeliz. “Lo último que
dejo de comprar es lo que mi hijo necesita para ir a la escuela como se debe.
Si no tiene los útiles que le pide la maestra o no se puede conectar a Internet
para hacer los deberes, él pierde la voluntad. Y eso, yo no lo puedo permitir”.
La semana que viene, el chico cumple 11 años. El alquiler por cuatro horas de
un salón modesto con canchita de fútbol y metegoles cuesta en Florencio Varela
$8000. Un lujo que, por primera vez, Carmen no puede pagar.
“Nadie va a dejar de comer por el aumento de las tarifas”, dice Emmanuel
Álvarez Agis, ex viceministro de Economía durante los dos últimos años del
gobierno anterior, ex director por el Estado en la empresa Edenor y ex empleado
de Edenor antes de entrar a la función pública. “Digo esto para que se entienda
que los más perjudicados por los ajustes de tarifas no son la parte de la
población más vulnerable y con menos recursos, porque ese segmento está siendo
atendido por la tarifa social”, agrega.
Según sus estimaciones -calculadas en base a datos del INDEC, el
Ministerio de Energía y las empresas prestatarias de los servicios-, la
cobertura de la tarifa social excede el porcentaje de población en situación de
pobreza. A nivel país, el 26% de los hogares son pobres y la tarifa social
cubre al 31%; en CABA y Gran Buenos Aires la relación es 25% contra 26% -la
cobertura se ubica un 1% por debajo-; en la Provincia de Buenos Aires hay
22% de hogares pobres y la tarifa social cubre la situación del 32% de
hogares.
“El problema se trasladó hacia las familias de clase media-baja y
media-media -dice Álvarez Agis-. La suba simultánea de tarifas y servicios
públicos, en un contexto en el que la inflación no se controla, los obliga a
destinar tres, cuatro, cinco mil pesos extras al pago de luz, agua, gas y
transporte. Y ese monto, que para muchos es nada, en esa capa social hace la
diferencia: una salida familiar los días viernes, el ahorro para las
vacaciones, un gusto de vez en cuando”.
Carolina tiene 47 años y vive con su familia en el barrio de Saavedra,
en una casa con un jardín privilegiado que es de su padre. No paga alquiler.
Vive con su marido y sus tres hijos adolescentes que estudian en la escuela
pública. Tres militantes ecologistas que cuidan la energía por convicción. Ella
trabajó durante años como psicóloga en el equipo de Laura Gutman,
psicoterapeuta familiar y autora de varios best sellers. En 2015 se enfermó y
tuvo que dejar esa profesión. Entonces comenzó un emprendimiento propio: venta
de muñecos personalizados y prendas de diseño tejidas a mano. La situación lo
permitía. Su marido trabajaba en una empresa y ganaba bien; y sus ventas
le dejaban a ella un ingreso de más de diez mil pesos por mes. Hacia fines de
2016 su marido perdió el empleo porque la empresa cerró, y las ventas de sus
muñecos y prendas empezaron a caer en picada. Ahora, él es empleado
administrativo en una agencia de traslados para ejecutivos del microcentro
porteño. Gana $25 mil netos por mes. Un compañero estará ausente por enfermedad
durante un trimestre y él lo cubrirá, trabajando 12 horas por día, para cobrar
un poco más y tratar de cancelar algunas de las deudas que se juntaron en el
último año.
“En pocos meses vimos cómo todo subía de a mil. Mil la luz, mil el gas.
La nafta, la comida, la prepaga. Dimos de baja la televisión por cable y este
verano no pudimos ni juntar el dinero para llenar el tanque del auto y tomarnos
unos días de vacaciones en el departamento de mi suegra, en Mar del Plata. Se
acabó la consigna: ´Es viernes y mamá no cocina´. Mi marido vive amargado; no
es lindo saber que gracias a tu suegro llegás a fin de mes. Pero ya no tenemos
por dónde ajustar”. Ella empezó a pedirle plata a su padre el año pasado. Y
desde entonces se siente como en el mundo del revés. A punto de jubilarse como
técnico calificado de una empresa petrolera, es él quien la ayuda a ella y a su
hermana Cecilia, una arquitecta que vive con sus tres hijos en Mendoza.
Si bien en las audiencias públicas de fines de 2016 se instaló la creencia
de que las subas escalonadas para alcanzar la tarifa de equilibrio terminarían
a fines de 2018 o, a más tardar, comienzos de 2019, y que a partir de entonces
las actualizaciones semestrales serían menos impactantes, nada de eso parece
estar por llegar. “Esa proyección suponía una inflación y dólar controlados.
Algo que no ocurrió -dice Álvarez Agis-. Además, ahora dependemos del precio
internacional de los combustibles que están en alza y encarecen las
importaciones del gas que se necesitan, entre otras cosas, para producir
electricidad. Las tarifas se han convertido en un blanco móvil”.
El ex funcionario es de los que creen que las tarifas tendrían que haber
comenzado a normalizarse a partir de 2005, cuando la economía gozaba de buena
salud; un 10% de suba cada año hubiese evitado el desequilibrio fiscal que hoy
se intenta revertir. Desactivarlo ahora, requiere cuidado y una visión global
que el director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, le reclamó así al
Presidente en su columna titulada “El problema del todo”: “Macri ve
los problemas como si fueran independientes. Tiene respuestas individuales para
cada uno, como un gerente especializado o una militar eficiente, pero no mostró
aún la visión del todo de un estadista”.
Los cálculos de Álvarez Agis revelan cómo fue variando el peso de las
tarifas de luz y gas en las jubilaciones, en los sueldos más bajos y en los
salarios medios de los usuarios que pagan la tarifa plena: la luz representaba
el 11,8% del haber mínimo jubilatorio en 2000, el 0,4% en enero de 2016 y el
5,5% en abril de 2018. El gas: 10,8% en 2000, 1,8% en enero de 2016 y 7,9% en
abril de 2018. Sobre el salario mínimo, vital y móvil el impacto era, en el
caso de la luz: 8,9% en 2000, 0,3% en enero de 2016 y 4,4% en abril de 2018. Y
el gas: 8,1% en 2000, 1,4% en enero de 2016 y 6,4% en abril de 2018.
Finalmente, la tarifa de luz representaba en el salario medio el 2% en 2000,
0,1% en enero de 2016, y 1,6% en abril de 2018. Y el gas: 1,8% en 2000, 0,5% en
enero de 2016 y 2,3% en abril de 2018. Una montaña rusa que, tal vez, podrá ser
emocionante para quienes tienen conocimiento, experiencia en los vaivenes de la
economía y los mercados, y margen de maniobra.
“El atraso tarifario acumulado en 12 años no puede resolverse en dos
años y medio”, dice en una tarde de mayo Cecilia Laclau. La Presidenta de
Fundelec, una fundación independiente especializada en temas eléctricos, cree
que hay que buscar una salida para ese sector de la sociedad que está en el
límite y es siempre el hilo delgado por el que se toma el atajo. “Debería haber
un gesto de los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal; deberían
dar una señal de austeridad y reducir los impuestos que llegan con las
facturas. Si las tarifas subieron y el consumo se mantuvo, si el Gobierno
redujo sensiblemente los subsidios, podría ceder a los usuarios parte de ese
resultado que acumula a su favor. Según cómo se haga el cálculo, hoy se está
recaudando entre 10 y 30 veces más que en 2015. Además, falta una campaña
contundente que concientice a la población sobre la importancia de la energía y
cómo cuidarla. No puede ser sólo el aumento de la tarifa lo que estimule la
baja del consumo. Tengo una amiga que guarda dinero en verano para pagar en
invierno la factura de gas. Se han construido cantidad de viviendas que no
están preparadas para los fríos intensos. Como la energía era barata, se
construyó con los mismos materiales en el sur y en el norte. Ahora, todas esas
conductas tendrán que cambiar. ¡Pero hay que educar!”.
El lunes 28 de mayo, en un anuncio grabado y transmitido por todos los
canales, Macri pidió a los senadores de la oposición que no votaran la ley que
retrotrae el precio de las tarifas. Pero además dijo: “Mientras se da este
debate, sigue aumentando el consumo de electricidad. Es muy importante que
todos adoptemos hábitos muy sencillo en nuestras casas que nos permitan
consumir en forma más eficiente y así cuidar el bolsillo. Luego presentó una web
oficial que permite calcular cuánto se ahorra si se cambian las lamparitas
tradicionales de bajo consumo por lámparas LED.
En medio de la crisis de 2002, Cecilia, la hermana arquitecta de
Carolina, decidió dejar Buenos Aires con su marido de entonces. Su padre ganaba
muy bien como empleado petrolero y pudo prestarle el dinero para construir un
complejo de cabañas en Potrerillos, Mendoza. Empezaron por dos unidades y
prosperaron. En vacaciones y durante los fines de semana trabajaban casi con
ocupación completa. “Ahora nadie gasta un peso. La gente se va a la orilla de
un río y se hace un asado pero no sale a la ruta ni alquila cabañas. Pago
cuotas de luz de seis mil pesos. Se me van juntando y ya ni sé qué período ni
qué cuota estoy cancelando, ni cuándo esta locura se va a estabilizar. Además,
no puedo trasladar los mayores costos al precio de la cabaña porque sería
suicida. Cobro dos mil quinientos pesos por cabaña, por día. Y eso es el cuarto
de un sueldo de un empleado mendocino, que son los clientes que puedo tener.
Para ir al supermercado o a la sala médica, gasto $400 de nafta para recorrer
los 40 kilómetros hasta Luján de Cuyo. Los chicos tienen 7, 11 y 15 años. Un
micro público gratuito los lleva y trae del colegio, pero ahora a la escuela le
quitaron el subsidio para la comida y ya no van a tener el comedor del
mediodía. Te quitan por todos lados. Por acá, la gente ya no sabe qué hacer. Es
una sensación que te va minando las ganas. Porque ¿cuándo va a parar?”
Podría decirse que el gobierno anterior quedó atrapado en un laberinto
de subsidios que benefició a todos por igual degenerando el sentido de la
redistribución que se proponía. Y podría decirse que el gobierno actual quedó
atrapado en la urgencia de desactivarlos para complacer el ánimo de los
prestamistas internacionales y domésticos. Y en esa carrera contra reloj blindó
a los más vulnerables con la tarifa social, pero descuidó la situación límite
del eslabón que sigue en el entramado social.
Carmen y su familia, Carolina y su familia, Cecilia y su familia. Y
tantos más.
A fines de 2015, un colaborador cercano a Mauricio Macri, mientras
caminaba por el Patio de las Palmeras en la Casa Rosada, explicaba su
heterodoxa función. Le habían encomendado recorrer los distintos ministerios
con el propósito de recordarles a los técnicos que trabajaban en cada cartera
que detrás de las medidas que tomaran estaba la gente que el Presidente había
prometido cuidar. Ya en esos días, el funcionario parecía preocupado por el
éxito de su misión; mientras Macri se presentaba ante la comunidad económica
internacional en la Convención de Davos, en la Casa de Gobierno los técnicos de
los ministerios preparaban el plan de desactivación de ese artefacto peligroso
que había montado año a año el kirchnerismo llamado subsidios. Los del sector
energético, que en 2006 equivalían al 0,6% del PBI -la riqueza producida por
todos los argentinos en un año-, se habían multiplicado cinco veces en 2015,
hasta superar el 3% del PIB. Una explicación simplificada de cómo se llegó
hasta allí podría ser la que suele dar el ingeniero Julio Bragulat, un experto
histórico del sector, en sus clases magistrales: la Argentina tuvo la tormenta
perfecta. A partir de 2002 y en los años sucesivos, por la crisis económica,
era inviable aumentar las tarifas; la Argentina que se había hecho
gas-dependiente cuando en la década del ´70 se descubrió el yacimiento de Loma
de la Lata, supo de pronto que no había gas barato para 300 años como se creía;
la Argentina se quedó sin gas y tuvo que comenzar a importar justo cuando el
precio se multiplicó por diez. ¿Qué hizo el Gobierno a partir de 2008? Álvarez
Agis dice que se importaba gas pagando U$S 15 dólares el BTU (la unidad de
medida usada para el gas) y se entregaba a las empresas a U$S 3 para que
produjeran electricidad y suministren gas sin aumentos de tarifas. Para el
Gobierno al que perteneció, las tarifas baratas eran parte de la concepción
económica que defendía: salario indirecto para las familias; precio competitivo
de la energía para las empresas pequeñas y medianas.
“No se puede abandonar el esfuerzo cuando estamos cruzando un río
caudaloso y faltan 20 metros para llegar a la orilla. Yo acuerdo con el
Gobierno en que no se puede volver atrás. No es una opinión de “oficialista”
sino de ingeniero, y es por lo que vengo batallando tantos años. Necesitamos un
plan de largo plazo. Necesitamos inversiones para sacar los combustibles de
Vaca Muerta”, dice un día de mayo Emilio Apud. Director por el Estado en YPF y
ex secretario de Energía en 2001, durante el gobierno de la Alianza. “En enero
de 2016, las facturas eran pagadas en un 20% por la gente y el 80% restante era
subsidios del Estado. En abril de este año, la relación se había invertido. Eso
significa un ahorro de ocho mil millones de dólares en subsidios. Lo que resta para
llegar al objetivo de “subsidio cero” es el último tramo del sacrificio”.
Apud reconoce que la suba del gas del mes de abril, 32%, impactará en el
período de mayor consumo, y es posible que a la clase media le cueste pagar las
facturas. Según sus proyecciones, el 60% de los usuarios de gas recibirá
boletas por debajo de los mil pesos, el 20% entre mil y dos mil pesos, y sólo
el 20% restante recibirá facturas por montos superiores a los dos mil pesos.
Para los que lo necesiten habrá un plan de cuotas que permitirá prorratear el
consumo elevado de invierno en las facturas de primavera y verano. Al proyecto
de ley que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el mismo día de la
entrevista con Carmen, 9 de mayo, y que hoy discutirá el Senado lo considera
una especulación política. “Los aumentos escalonados son para alcanzar la
tarifa de equilibrio, hubo 1.100% de inflación en 12 años sin que las tarifas
sufrieran cambios significativos y eso es lo que se está corrigiendo. Después
vendrán las actualizaciones por inflación. Pero no se puede discutir la
actualización sin antes encontrar el valor de equilibrio”.
Las políticas sobre subsidios, por exceso o defecto, han sido aplicadas,
antes y ahora, con información imperfecta. Una cobertura homogénea para una
población heterogénea; una quita de subsidios homogénea para la población
heterogénea que paga la tarifa plena. Una indiferenciación entre quienes pueden
o no pueden pagar que está lejos de ser inocua.
Por supuesto que la producción de información que permite separar la
paja del trigo cuesta dinero. Pero los atajos, ya se ve, parecen provocar más
costos económicos y políticos que la decisión de costear las herramientas que
se necesitan para desarrollar, desde el comienzo, políticas más eficientes y
equitativas. Lo dijo un ex funcionario del gobierno menemista y kirchnerista
Martín Redrado, en una entrevista que le hizo Santiago del Moro en el programa
Intratables: “Hay que segmentar. No es lo mismo aumentar las tarifas en
Recoleta que en Mataderos. Hay que ir con más cuidado, hay que conocer la
capacidad de pago, hay que ir barrio por barrio. Segmentar es el nombre del
juego, y no volver al pasado”.
Como una aproximación a los planteos de la Economía de la Información y
las formas de evitar las “selecciones adversas” -que se subsidie a quien puede
pagar; que se penalice a quien no puede- se encuentra disponible en Internet el
discurso que Joseph Stiglitz pronunció en Estocolmo el 8 de diciembre de 2001
cuando recibió, junto con G. Akerlof y M. Spence, el Premio Nobel de Economía
(1). Argentina ha sido para el economista uno de sus mejores ejemplos en
materia de insuficiencia de información pública y, tristemente, en materia de
sus usos indebidos. Como si los gobiernos argentinos olvidaran algo que parece
obvio: que el Estado puede derivar en el sector privado -funciones, acciones,
producciones-; pero lo que no puede hacer es dejar a la deriva.
Gabriela vive en Caballito con su marido y su hija de 6 años. Antes
vivían en Morón. Hace años, para mejorar las posibilidades de trabajo
decidieron poner en alquiler su casa de la provincia y mudarse a capital.
Pagaban el diferencial entre alquileres, trabajaban y vivían sin sobresaltos.
Gabriela es psicóloga y tenía la agenda completa. A Paloma la cuidaba una
niñera y crecía. A comienzos de 2015 todo cambió. A su hija le
diagnosticaron TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), una enfermedad
imprecisa que requiere tratamientos multidisciplinarios y que reclamó la
dedicación completa de Gabriela. Paloma no se comunica, tiene un retraso
importante en el lenguaje y para conseguir avances hay que deambular el día
entero por consultorios médicos, psicopedagoga, psicólogo, fonoaudiólogo y
kinesiólogo. Hay que acompañarla a la escuela y llevarla al club para que
practique natación, la actividad que más le gusta y la conecta. Gabriela dejó
de trabajar en 2015. Sólo siguió dando algunas clases dos veces por semana, durante
el turno noche en la Universidad del Museo Social Argentino. Con una sonrisa
débil, dice que –por esas cosas de la vida- tiene como alumno al vocero de
prensa del Ministerio de Energía.
El marido de Gabriela es empleado administrativo en una mutual, algo que
les asegura un muy buen trato en la obra social que tanto necesita su
hija. Pero el sueldo neto mensual no llega a los 30 mil pesos. Sin el
aporte de Gabriela a la economía familiar pudieron resistir durante 2015 y
2016. En 2017 la situación fue volviéndose insostenible. Anularon salidas,
vacaciones y hasta los pequeños lujos en las compras del supermercado. El
alquiler del modesto departamento sobre la calle Neuquén, a dos cuadras
de Acoyte y Rivadavia, trepó a 11 mil pesos, las expensas a 5 mil y el gasto
mensual en servicios pasó de 300 pesos a 3 mil, todo en menos de un año. Ahora,
Gabriela arma las cajas para la mudanza y el retorno a Morón. La decisión la
tomaron cuando tuvieron que dejar de pagar la cuota del club y su hija se quedó
sin clases de natación. La casa de Morón está venida a menos, dice Gabriela, y
prefiere imaginar el jardín y la huerta que armará para Paloma.
Las historias de Carmen, Carolina, Cecilia y Gabriela fueron elegidas entre varios testimonios recogidos durante los primeros diez días de mayo de 2018. Las entrevistas se realizaron a personas conocidas desde hace largo tiempo. Personas trabajadoras, austeras, cuidadosas de sus consumos, valientes, con deseos de prosperar. Las tres primeras están casadas y comparten con sus maridos la preocupación de una situación de descenso social que no imaginaban hasta hace muy poco. La tercera es divorciada y apuntala a solas su ánimo y su casa.
Las historias de Carmen, Carolina, Cecilia y Gabriela fueron elegidas entre varios testimonios recogidos durante los primeros diez días de mayo de 2018. Las entrevistas se realizaron a personas conocidas desde hace largo tiempo. Personas trabajadoras, austeras, cuidadosas de sus consumos, valientes, con deseos de prosperar. Las tres primeras están casadas y comparten con sus maridos la preocupación de una situación de descenso social que no imaginaban hasta hace muy poco. La tercera es divorciada y apuntala a solas su ánimo y su casa.
(1) La información y el cambio de paradigma de la ciencia económica,
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-LaInformacionYElCambioEnElParadigmaDeLaCienciaEcon-2305220%20(1).pdf
Este artículo forma parte de un trabajo en conjunto con Chequeado.
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